“Como ya hemos manifestado en declaraciones anteriores, el sector asegurador es un actor indispensable del desarrollo económico y social al otorgar coberturas de protección que ayudan a transformar las economías de los países miembros de forma transversal, al promover el ahorro, la inversión y fomentar un desarrollo sostenido de la industria, el comercio, las familias y personas”, comienza la Declaración FIDES 2022, rubricada en Santiago de Chile el pasado 8 de noviembre/2022
Allí se destaca que una industria de seguros sólida es un aliado estratégico del crecimiento y la productividad de los países. En ese sentido, señalan, “las asociaciones aseguradoras afiliadas a FIDES reconocen que el nivel de cobertura con el que cuenta una comunidad se refleja en la estabilidad económica y social de la misma y que, a la vez, ello permite canalizar sus ahorros de mediano y largo plazo en proyectos que fomentan el desarrollo”.
En los últimos años, y especialmente a partir de la pandemia del COVID 19, las empresas, las personas y las organizaciones comenzaron a experimentar cada vez más situaciones en las que no están adecuadamente protegidas en cuanto a su patrimonio, salud e ingresos, ampliándose la brecha de protección del seguro. Según alerta FIDES, esta brecha afecta a la estabilidad económica y social de los habitantes y empresas de la región, ya que personas de clases medias y bajas son especialmente vulnerables a riesgos de vida, salud, pensiones y desastres naturales, agravados por el cambio climático e inestabilidad económica, por no contar con seguros.
Las aseguradoras no pueden abordar el desafío de reducir la brecha de protección por sí solas. Es imprescindible la cooperación pública-privada a fin de garantizar un proceso de inclusión que permita la reducción de esta brecha”, resaltan desde la Federación.
Y explican que se requiere de una Política de Estado que promueva la mejora en los índices de penetración y densidad de los seguros en sus respectivas economías, a través de campañas de educación de la población y también a través de la institucionalización de seguros obligatorios que tengan como principal objetivo el aumento de la cobertura dentro de un marco regulatorio adecuado.
Se requiere, además, fomentar la inclusión al seguro de los grupos excluidos o insuficientemente atendidos de la sociedad, prestando especial atención a la inclusión por género, la inclusión de minorías y grupos de bajos ingresos”, completan.
Para ello, entre otras medidas sugeridas por FIDES, el Estado podría entablar alianzas público-privadas con el sector asegurador con el objetivo de generar protecciones mínimas a las poblaciones más desprotegidas, para que éstas puedan enfrentar riesgos catastróficos provenientes del cambio climático o de futuras pandemias que afecten la salud y la vida.
Actualmente, los gobiernos se hacen cargo parcialmente de las pérdidas ocasionadas por estas catástrofes, cuando bajo la mirada de FIDES, sería más eficiente, transferir parcialmente estos riesgos al sector asegurador.
Es pertinente también resaltar la necesidad del aseguramiento de los bienes públicos como una medida de garantía de protección al ciudadano, para evitar incrementos súbitos en las tasas impositivas cuando se producen siniestros que afectan la integridad de esos bienes o servicios”, agregan.
Por otro lado, consideran necesario que los gobiernos garanticen el cumplimiento de las normas de seguros obligatorios. “En la mayoría de los mercados, existen seguros obligatorios de automotores, por ejemplo, en los cuales, un porcentaje significativo de los vehículos en circulación no cuentan con el seguro requerido. En estos cometidos, debemos dejar en claro que FIDES rechaza las políticas de discriminación vigentes en algunos países en los cuales ciertos o todos los bienes de los estados, pueden ser únicamente asegurados en compañías de seguro de propiedad del Estado, limitando de esta manera el acceso al trabajo de las compañías privadas, la sana competencia y la transparencia que debe primar en nuestro sector”, aclaran.
Finalmente, desde la Federación observan que en los países de la región hay un aumento de la presión fiscal a través de la creación de nuevos impuestos y aumento de las tasas vigentes al sector asegurador. Sin dudas, advierten, “este aumento provoca un encarecimiento del precio final de los seguros, impactando negativamente en el nivel de aseguramiento y el proceso de inclusión”.
A su vez, observan normas y requerimientos administrativos por parte de los Reguladores, que en muchos casos generan importantes costos adicionales y limitan la masificación de los seguros.
La Federación Interamericana de Empresas de Seguros está comprometida en lograr una reducción permanente en la brecha de protección aseguradora que logre no solamente una adecuada cobertura económica, sino también una mayor inclusión e integración social. Necesitamos para ello trabajar coordinadamente con las autoridades de supervisión y los gobiernos nacionales en el diseño de políticas tendientes a lograr estos objetivos”, concluyen.
