Hablar de futuro es hablar de información, de ciencia, del cambio en el trabajo, de la cuarta revolución industrial y en ese sentido exige un esfuerzo conjunto de los gobiernos y todos los sectores de la sociedad sobre las inversiones que los países deben hacer para dar el salto definitivo hacia el desarrollo.
En un contexto global y regional complejo, en el que confluyen múltiples crisis, la digitalización es una de las áreas prioritarias para la transformación del modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe, y para poder avanzar hacia un verdadero proceso de inclusión digital se requiere de un conjunto de acciones y políticas que faciliten el uso y adopción de las tecnologías digitales en todos los segmentos de la población, las empresas y las instituciones de gobierno.
Los países y la región demandan cada día servicios más ágiles, con las personas como centro, sin embargo entre 2014 y 2023, Latino América y el Caribe experimentarán el menor crecimiento de las últimas siete décadas (0,8%), bastante menor que lo registrado en la llamada década perdida de los años 80 por la crisis de la deuda.
Se impone por lo tanto trabajar tanto en reducir la desigualdad como en la creación de riqueza, aspectos de significación que pasan por las políticas de desarrollo productivo y por las políticas de transformación digital, que de manera muy importante posibilitarán potenciar los efectos positivos de las tecnologías digitales y abordar los desafíos en materia de desigualdad, privacidad, seguridad, competencia y protección de datos.
Es imprescindible que la Agenda Digital de América Latina, siga generado capacidades en materia de diálogo, cooperación y conformación de acuerdos que son cruciales para consolidar una visión común sobre los mecanismos necesarios para potenciar el impacto de las tecnologías digitales en materia de desarrollo.
La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización en la región y el Estado ha sido un gran dinamizador de la transformación digital; sin embargo, las persistentes brechas de conectividad condicionan la inclusión social.
En 2021, la penetración promedio de la banda ancha fija en los hogares de América Latina y el Caribe llegaba casi al 62%, lo que sitúa a la región muy por debajo de otras regiones como América del Norte y Europa, que tienen niveles de penetración cercanos al 100% y al 90%, respectivamente. Las diferencias son también significativas en el caso de la banda ancha móvil, que cuenta con una penetración del 78% de la población en la región, y del 105% y cerca del 150% en los casos de Europa y América del Norte, respectivamente.
Aún falta por conectar a 1/4 de los hogares urbanos y a 2/3 de los hogares rurales. Los hogares no conectados en el quintil de menores ingresos, triplica a los del quintil de mayores ingresos en la región.
Actualmente en la región “no están conectados” la mitad de los jóvenes de entre 13 y 25 años, 1/3 de los niños y niñas de 5 a 12 años de edad y 1/4 de los adultos mayores de 66 años.
Los países industrializados ponen a la digitalización al centro de las políticas de desarrollo productivo, así que conscientes de la importancia de la misma para diseñar e implementar políticas públicas centradas en las personas y como camino para el desarrollo sostenible de América Latina, se celebró la Octava Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, hasta este viernes 18 de noviembre pasado, donde la CEPAL propuso tratar el camino para una digitalización sostenible e inclusiva en la región, sobre la base de las siguientes prioridades:
- Generar las condiciones habilitantes (lo que implica ampliar la cobertura de servicios, asegurar la cobertura efectiva universal, agilizar el despliegue de redes móviles avanzadas como las 5G y desarrollar las habilidades digitales);
- Desarrollar soluciones digitales;
- Impulsar la transformación digital (favoreciendo, por ejemplo, el emprendimiento y la innovación y fomentando la digitalización de las empresas);
- Establecer una gobernanza digital; y
- Fortalecer la cooperación e integración regional (impulsando, entre otras cosas, un mercado digital regional).
Los argumentos a favor del acceso digital son claros. La digitalización impulsa la inclusión social y financiera, así como los resultados en materia de aprendizaje y salud.
Actualmente, casi la mitad de la población adulta de la región no está bancarizada. Unos 170 millones de estudiantes en toda la región se vieron afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. Y el 71 % de los países experimentó interrupciones en la prestación de atención para enfermedades no transmisibles durante los primeros meses de la crisis provocada por la COVID-19.
Pero los desafíos son sustanciales: la cobertura deficiente y desigual, junto con los altos costos de los datos y dispositivos, continúan obstaculizando el acceso digital.
Enfrentar la brecha digital es tan urgente como importante y requerirá de políticas para reducir los costos, ampliar el acceso e incentivar una mayor participación ciudadana y del sector privado.
La transformación digital sigue siendo muy prometedora para Latinoamérica, pero para que se transforme en realidad habrá que liberar sus múltiples beneficios, requiriendo de un esfuerzo inteligente y concertado.
El futuro se construye con acciones desde el presente, y ahora es el momento de aprovechar las oportunidades que permitirán desbloquear un porvenir más verde, resiliente, inclusivo y digital.
