El presidente Javier Milei, a los pocos días de asumir como presidente de Argentina, se mostró muy proactivo en cuanto a las medidas de gobierno, marcadas por su perfil «liberal liberario», como él se autodefine.
Tras una fuerte devaluación de la moneda local (el dólar oficial pasó de 380 a 820), presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia al que denominó «plan de desregulación económica», con alrededor de 300 reformas legislativas y regulatorias.
Entre ellas, la derogación de diferentes leyes: la Ley de Alquileres para que «el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea», la Ley de Abastecimiento para que «el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos», la Ley de Góndolas para que «el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos», la Ley del Compre Nacional, que otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas, la Ley de Promoción Industrial, y la Ley de Promoción Comercial.
A su vez, prevé dar fin al Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, habilitar la privatización de las empresas públicas, derogar el régimen de sociedades del Estado, modernizar el régimen laboral para «facilitar el proceso de generación de empleo genuino», reformar el Código Aduanero para «facilitar el comercio internacional», derogar la Ley de Tierras para promover las inversiones, implementar la política de cielos abiertos y modificar el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, eliminando las restricciones de precios a la industria prepaga. También se busca desregular los servicios de internet satelital y el sector turístico, eliminando el monopolio de las agencias de turismo.
Mientras se debate sobre la constitucionalidad de este DNU, esta semana presentó una «Ley Ómnibus», denominada formalmente «Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos». Se trata de un proyecto de ley que debe pasar por el Congreso, con 664 artículos que incluyen una amplia variedad de temas: límites a las marchas y piquetes, un programa de incentivo al blanqueo de trabajadores, la derogación de las primarias electorales (PASO), liberación de precios (combustibles y tarifas), la implementación del Juicio por Jurados, la eliminación de la actual fórmula de movilidad previsional, un nuevo blanqueo de capitales y moratoria impositiva, la declaración de la emergencia pública y económica hasta diciembre de 2025 y la propuesta de privatizar 41 empresas estatales.
En el caso del mercado asegurador, en este último ítem, se propone privatizar dos compañías del Estado: Nación Seguros de Retiro S.A. y la reaseguradora local Nación Reaseguros S.A. Sin embargo, se excluyó del listado a la más importante de las aseguradoras estatales, Nación Seguros, que es #9 del ranking a nivel facturación, con el 3,25% del market share del mercado, líder en los principales ramos del mercado, aunque muy atada al aseguramiento de empresas estatales.
En materia regulatoria, la referida «Ley Ómnibus» propone modificar cinco artículos de la Ley 20.091 (Ley de entidades de seguros y su control). Si bien en el mercado había temor por rumores de que se podía desregular la intermediación de seguros y habilitar a cualquier empresa a ofrecer seguros, sin ser de objeto único como prevé la ley (solo las aseguradoras pueden vender seguros, salvo aquellas que tienen un mandato de las compañías de seguros y lo hacen bajo la figura de agente institorio), lo cierto es que por ahora nada de eso ocurrió.
La propuesta encarada por el gobierno de Milei apunta a flexibilizar el alta de nuevas coberturas, desregular aspectos burocráticos, y reducir tiempos y costos. «En aras de mejorar la provisión de seguros, se da libertad a las compañías de seguros para definir sus productos sin autorización previa del ente supervisor, generando dinamismo en el sector», se justifica en los fundamentos del proyecto de ley.
Al respecto, se propone que los aseguradores puedan operar en todas las ramas de seguro sin autorización previa en tanto cumplan con los requisitos de la reglamentación. Hasta ahora, deben ser expresamente autorizadas y, además, los planes de seguros solo deberán ser «informados» antes de su aplicación, pero no aprobados como hasta ahora. Se agiliza así el «time to market», y la salida ágil de nuevas coberturas, ganando en velocidad y en eficiencia de costos.
También se flexibilizan aspectos burocráticos que hacen a aspectos técnicos de los seguros generales y temas específicos en los seguros de vida. A su vez, se mantiene la obligación de que las primas deban resultar suficientes y que las comisiones pueden ser libremente establecidas por los aseguradores, pero en este último caso se elimina la existencia de mínimos y máximos, por lo que no podrán «topearse» las comisiones de los intermediarios.
Entre los cambios propuestos, solo deberán requerir el visto bueno del organismo de control para la apertura o cierre las sucursales o agencias en el extranjero, pero no así las sucursales en el país, como hasta hoy.
